Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona
Los afectados han denunciado una serie de conflictos que han generado temor entre la población. Pese a coordinaciones con Carabineros y el municipio, un diagnóstico es crucial para encontrar una salida al problema.

Una delicada situación es la que están viviendo una decena de vecinos de Caleta San Pedro en La Serena. Y es que hace aproximadamente un año, una de las habitantes del sector habría comenzado a agredir de diferentes formas a quienes viven allí, atemorizándolos.

Todo habría iniciado después que el marido de la mujer se fuera del domicilio que compartían, denunciándola por VIF. Fue entonces cuando ella habría comenzado a realizar acciones que empezaron a interferir con la tranquilidad del barrio, como golpear objetos a altas horas de la madrugada, insultar y amenazar con palos e incluso apedrear algunas viviendas.

Johana Villagrán, una de las vecinas del sector afectado, señaló que “su escala de violencia se ha ido incrementando cada día más, tanto así que nos apedrea las casas, nos insulta, nos amenaza con palos, tira portones abajo, entonces ya no sabemos qué hacer”.

Una de la mayores problemáticas, a su juicio, es la posible vulneración a los derechos de los niños y niñas del sector, en el sentido de que no podrían estar en sus patios por miedo a las pedradas y por exponerse a insultos.

“Se están pasando a llevar los derechos de nuestros niños, estamos en nuestra propia casa, estamos en tiempo de cuarentena por la pandemia y con suerte tienen el patio y tampoco pueden estar ahí porque ella tira cosas, y dice groserías de grueso calibre, no apropiadas para que los niños las escuchen”, agregó Villagrán.

Problemas de salud mental



Si bien la intención principal de los vecinos es evitar las agresiones, también están preocupados por la salud mental de la mujer, por lo que iniciaron diferentes acciones para que sea evaluada por profesionales de la salud, a la vez que han hecho denuncias a Carabineros.

Otro antecedente es que se iniciaron acciones legales, con la asesoría de la organización territorial Costa San Pedro.

“En estos momentos la orden del tribunal es que cada vez que ella esté con este tipo de crisis nosotros debemos llamar a Carabineros y al Samu. El problema es que la dotación de carabineros no da para que vengan cada vez que la señora está con las crisis, además prenden la balizas, ella ve eso, apaga las luces y se esconde, y ellos dicen que no pueden ingresar porque no hay un familiar que se haga cargo de ella adentro. Carabineros tampoco puede entrar a menos que la encuentre en la calle y el Samu exactamente lo mismo”, relató Johana Villagrán, añadiendo que su objetivo es ayudar a la vecina. “No es algo en contra de ella, nosotras también somos mujeres y nos duele verla en esa condición, porque no sabemos qué fue lo que le produjo llegar a esto”.

Maritza Tapia, de la directiva de Costa San Pedro, sobre las acciones realizadas hasta el momento, sostuvo que “lo primero que se hizo fue contactarse con su marido y se puso a disposición un abogado para ver la parte legal”. Sin embargo, explica que “lamentablemente hay un vacío, ya que la persona no está diagnosticada, Carabineros no puede ingresar al domicilio, salud tampoco puede, hay aspectos legales que impiden una gestión efectiva”.

Tapia aseguró que “la organización se preocupa de la seguridad del territorio” y por tanto se ha conversado con Carabineros y con Salud, “pero las respuestas siempre son las mismas, en cuanto ella no quiera o acepte hacerse un diagnóstico nadie la puede obligar”.

Intervención 



Consultado sobre este caso, Gonzalo Arceu, director de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Serena, quien tiene a cargo el Departamento de Gestión Comunitaria, sostuvo que están a la espera de la evaluación psiquiátrica, para intervenir adecuadamente.

“Efectivamente ese es un caso que, como Dirección de Seguridad Ciudadana estamos viendo a través de nuestra sección de Mediación, ya nuestra encargada junto con nuestra gestora de seguridad vecinal del sector fueron a hacer la entrevista correspondiente”, explicó Arceu, agregando que “el caso está judicializado y fue derivado al Cesfam Emilio Schaffhauser por el tema de salud mental, porque al parecer la señora tiene problemas psiquiátricos”.

El funcionario sostuvo que “está en manos de esa entidad poder ver su tema de internación”, añadiendo que “esto requiere de una intervención, más especializada a través del consultorio”, por lo que su labor fue realizar la articulación correspondiente para derivarla.

 

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