Polémica por licitación de estudio sobre Política Regional Campesina

Una fuerte crítica generó el llamado a licitación del “Estudio Investigación Política Regional Campesina”, realizado por la seremía de agricultura a través de Mercado Público. La licitación por 68 millones de pesos tiene como fecha de cierre el próximo  2 de febrero y busca reunir “información y elaborar una propuesta operativa para cada uno de los componentes que menciona la Política Regional Rural Campesina”.

Según se detalla en la propuesta, la fecha para la adjudicación de la licitación está fijada para el próximo  12 de marzo y se estima como probable fecha de firma del contrato el 16 de marzo de este año. 

Para el diputado de la UDI, Sergio Gahona, el tema es preocupante debido a que se hace a pocos días del cambio de gobierno.

“Preocupa que se hagan licitaciones a última hora y de situaciones tan complejas como la Políticas de Desarrollo Rural a nivel regional. Creemos que es una imprudencia hacer esto a 45 días y por una administración que finalmente no va a continuar desarrollando actividades en el gobierno. Me parece que aquí hay que actuar con mucha más prudencia y dejar este tipo de decisiones a la nueva administración”.

Añadió que ha recibido quejas de campesinos pertenecientes al mundo campesino y a la mesa de desarrollo rural  porque no han sido considerados en este proceso, denunciando que la medida responde a  la búsqueda por instalar autoridades afines a este gobierno durante los próximos cuatro años.

“Espero que esta medida de licitar a última hora esta Política de Desarrollo Rural  o estos estudios, un estudio más de este tema, (no sea)  para poder instalar a autoridades de gobierno o personeros afines del gobierno que está saliendo y dejarlos instalados por cuatro años. Por eso creo que es importante poder discutirlo y por prudencia no debería ejecutarse en estos días”, dijo.

UN PROCESO LENTO

En tanto la secretaria del Consejo Regional Campesino, Mirtha Gallardo, criticó que sólo se enterara de la propuesta por medio de las redes sociales.

“Me enteré por las redes sociales que había una licitación por parte del gobierno para un estudio de la Política de Desarrollo Rural. Puse en el whatsapp del directorio del Consejo Regional Campesino si tenían algún conocimiento. Nadie tenía conocimiento, nadie me respondió que estuviera al tanto de este estudio”.

“Este proceso se construye de tres actores: el gobierno, los municipios rurales y el segmento de la ruralidad de la región de Coquimbo. No se ha llamado a reunión, aunque el Gobierno y los municipios son autónomos como para llamar a cualquier proceso. Pero el tema que esta licitación pública, que está en el concepto de la Política de Desarrollo Rural, es una construcción de tres actores, no sólo es una construcción del gobierno y nosotros no estábamos informados”, advirtió.

Gallardo añadió que ya no es tiempo de estudios. “Cuando aparece una cosa de estudios, a mí personalmente como dirigente de toda una vida, yo creo que nosotros no estamos para estudios. Ya las comisiones tienen que comenzar a funcionar y empezar a generar la ejecución de la política”.

Agregó que hace rato que las mesas no sesionan y cuando funcionan lo hacen de manera informal.

“Los estudios deben graficarse en una voluntad del gobierno en asistir a las mesas. Le quiero dar un solo ejemplo: el gobierno de la provincia del Limarí, reflejado en el gobernador, recién empezó a funcionar en la mesa de Ovalle tras una denuncia pública que hice el día 28 de julio para el Día del Campesino en la comuna de Monte Patria”

La dirigente, además indicó que no es necesario que una de las partes autorice o participe para constituir las mesas locales, sin embargo, señaló que esto no ha ocurrido y que en algunos casos el gobierno ha esperado  la autorización de alcaldes, impidiendo que estas funcionen con regularidad.

“Este gobierno se ha llevado en mucho discurso de buena voluntad pero no se refleja en la realidad.  Yo creo que no nos siguen viendo”, indicó.

Gallardo señaló que tiene esperanzas en que la situación cambie en el próximo gobierno.

“Yo tengo esperanza en el gobierno que asume el 11 de marzo, por una razón muy simple, fueron los que firmaron la Política de Desarrollo Rural.  Ahora no tendría ningún argumento para no echarla a funcionar. Tengo esa esperanza, aunque también tengo otras desesperanzas como que no elimine el subsidio habitacional rural por ejemplo, como lo eliminó en el primer gobierno Sebastián Piñera y lo recuperamos nuevamente en este gobierno”.

Sin embargo, Patricio Hevia, presidente del Consejo Campesino señaló que  el proyecto si se ha trabajado y ha sido debatido en reuniones de la mesa.

Recordó que las mesas dejaron de funcionar durante el período de Ricardo Ariztía cuando estaba  a cargo del Indap porque lo que se ha tenido que realizar un proyecto con platas del Gobierno para reestructurarlas e implementar una segunda etapa que dice relación con los estudios.

Hevia concuerda con Gallardo en que no se ha avanzado como se quería, pero entiende que es un proceso que avanza y retrocede pero que urge que se implemente en beneficio del sector rural de la región.

Para el presidente del Consejo es relevante contar con la participación de las mesas y que esto se haga bien, debido a que fueron los mismos dirigentes que criticaron la Política Regional Campesina durante el período de Ricardo Cifuentes como intendente, debido a que no contaba con su participación. 

SEREMI DE AGRICULTURA 

Andrés Chiang, seremi de agricultura, desestimó que existan las intenciones denunciadas por el diputado.

“No hay ninguna de estas intenciones y es parte de la Política de Desarrollo Rural que aprobó el Consejo Regional ampliado, con cada uno de sus consejeros regionales que está representado todo el espectro político de la región. Los plazos que se dieron fueron muy en extenso porque este estudio que es de la Política Rural para hacer los convenios de programación”.

Chiang explicó que el Core aprobó la propuesta en abril de 2017 y se envió a la Dirección de Presupuesto (DIPRES) en septiembre del año pasado, luego de pasar por un proceso de análisis, para finalmente volver a manos del intendente en noviembre del año que pasó, incluyendo la aprobación de todos sus puntos a principios de diciembre.  “Por tanto, estamos recién haciendo la licitación porque los plazos fueron muy extensos debido a la importancia y la forma en que cada institución vio que el proyecto cumpliera con lo que solicitaban los campesinos de la región de Coquimbo”, dijo.

Añadió que la Política Regional Campesina ha sido pensada como Estado y no como Gobierno.

“Si bien se está haciendo ahora (el llamado a licitación), está programado en las bases de licitación que quienes van a decidir será el próximo Gobierno. El lunes 12 de marzo estarán en la oficina del próximo seremi los resultados de esta licitación para que apruebe o desapruebe, dependiendo de su análisis, si es que quiere seguir con la licitación o no. Es decir, lo hicimos pensando en que el próximo gobierno decida la inversión para los campesinos de la región de Coquimbo”, indicó.

En cuanto a las críticas de Mirtha Gallardo, indicó que representa a las comunidades agrícolas de Ovalle  “hay otros dirigentes que tendrían una visión diferente de la señora Mirtha, creo que es una opinión un poco referida al Valle o la provincia de Limarí y no todo a la región”.

Añadió que el Consejo está al tanto de la licitación. “Lo importante es que se trabajó con la organización completa del Consejo Regional Campesino”, dijo.

LA PARTICIPACIÓN NO ES REAL

Leticia Ramírez, dirigente de la comuna de Combarbalá, señaló que como Consejo Regional Campesino la participación no ha sido respetada ni por este gobierno ni el otro, recordando los conflictos que mantuvieron con Ricardo Ariztía.

Ramírez indicó que aunque cuentan con el acuerdo que se  incluya en el estudio las propuestas que haga el Consejo el Regional Campesino,  su molestia persiste porque el tema no corresponde a un gobierno de turno, sino más bien a un problema de Estado.

“El Estado tiene esa forma de vincularse con la ciudadanía. Es la falta de respeto, por decirlo, en que la participación no es vinculante, no es real”.

“Lo que reclamamos es participación real. Nos quieren cambiar el territorio, nos quieren cambiar un montón de cosas pero la participación no es real. Nosotros asistimos pero no hay ninguna consideración a lo que nosotros decimos en esa participación”, agregó.