• Durante los fines de semana es común ver a jóvenes adolescentes en las afueras de botillerías comprando licor. Muchas veces, ellos terminan en la calle, a altas horas de la madrugada. Es eso lo que la iniciativa legal pretende evitar.
Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona
La discusión por restringir el horario en que los niños y adolescentes puedan circular libremente por las calles se instaló en la región. Mientras los ediles de la conurbación rechazan la medida que ya han implementado 8 comunas del país mediante decreto, las opiniones de los parlamentarios locales están divididas. El diputado DC Matías Walker, asegura que es inconstitucional, en tanto, Juan Manuel Fuenzalida y Francisco Eguiguren -UDI y RN respectivamente- apoyan la iniciativa que también fue ingresada al congreso por representantes del oficialismo.

Todo empezó a mediados de marzo. El excandidato presidencial y líder del movimiento Acción Republicana, José Antonio Kast, indicaba a través de su cuenta de Twitter, que la medida de un toque de queda nocturno para los menores de edad, sería una herramienta efectiva para combatir la delincuencia juvenil, y además, para proteger a los adolescentes. 

La idea del exparlamentario no quedó sólo en las redes sociales. Un mes más tarde, los diputados RN Camila Flores, Miguel Mellado, Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, junto a los exUDI Ignacio Urrutia y Pablo Prieto, ingresaron al Congreso un proyecto de ley que “Asegura el Cuidado de los Niños y Adolescentes Mediante la Fijación de un Horario Protegido”.

IDEA QUE “TOMÓ VUELO”. 

Poco a poco esta iniciativa fue “tomando vuelo”. Más allá del proyecto de ley ingresado  por los parlamentarios, alcaldes de comunas como Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Quilpué, Colina, Antofagasta, Peñalolén y La Florida, alzaron las banderas y tomaron la idea, que fue aprobada en consultas ciudadana efectuadas por cada uno de los municipios. ¿Los resultados? Aunque con baja participación, y en medio de la polémica, fueron favorables a la medida, que finalmente fue denominada “Horario Límite Protegido”. 

Se estableció que en invierno, los niños de 12 años o menos deberían dejar de salir a la calle a las 21:00, mientras que los adolescentes entre 13 y 16 podrán estar afuera hasta las 23:00. En verano, en tanto, los horarios se extienden hasta las 22:00 y 24:00, respectivamente.

8 comunas del país ya implementaron el denominado “Horario Límite Protegido” para menores. Para muchos es inconstitucional. 

CONTROVERSIA SE INSTALA EN LA REGIÓN

Estas 8 comunas, son sólo las primeras. Una vez que se discuta como Ley la idea que los parlamentarios UDI y RN, esta restricción podría propagarse como normativa a nivel país, y no tan sólo mediante un decreto municipal, como lo es ahora. De ser así, según señala el proyecto “si un menor es sorprendido por Carabineros infringiendo la disposición del proyecto, estos lo conducirán hasta su domicilio y podrán cursar una multa a los padres o responsables del menor, la cual podría llegar hasta las 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, $193.412”, consigna el documento. 

En la región la idea también ha cobrado fuerza. Cuando el pasado 7 de julio una menor de 13 años fue atropellada por un conductor, presuntamente ebrio, a las cinco de la mañana en la caletera de la Ruta 5 Norte, la gente en las redes sociales se preguntó dónde estaban los padres e hicieron directa alusión a que “una niña de esa edad no debería andar en la calle sola a esas horas”. 

Pero, ¿cuáles son las posibilidades de que esto prospere? Para el diputado por la Región de Coquimbo, Matías Walker (DC), pocas, ya que, sería inconstitucional. “Aquí claramente hay una vulneración a un derecho fundamental que establece la constitución chilena, que es el derecho al libre tránsito de las personas, sea cual sea su edad”, precisó el diputado. 

Además, agregó que, independiente de lo que hagan ciertos municipios en uso de su facultad de llamar a plebiscitos, “no pueden pasar por encima de una norma jerárquica mayor, como lo es nuestra Carta Fundamental simplemente con un decreto. Aquí, en algún momento se tendrá que ver la legalidad de lo que han dispuesto”, enfatizó. 

VOCES A FAVOR 

Pero dos de los representantes de la zona en el Congreso han expresado sus voces a favor. Los diputados Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y Francisco Eguiguren (RN) creen, al igual que sus pares que presentaron el proyecto, que poner en práctica esta medida que ya están implementando algunos municipios, tendría efectos positivos, tanto en el control de la delincuencia como en la seguridad a los menores de edad. 

Fuenzalida es categórico. “Es una buena alternativa, para regular todo tipo de situaciones en las que estén involucrados menores de edad”, enfatizó, agregando que se podía ver desde dos puntos de vista, “por un lado establecer ciertas restricciones, porque hay muchos delincuentes que se valen de ellos para cometer acciones ilícitas, y por otro lado, esto también es una forma de protegerlos. Tenemos que observar los resultados en la comunas donde se aprobó, pero a priori, yo estoy de acuerdo”, expresó el parlamentario. 

En la misma línea, Eguiguren, precisó que esta medida, “desde todo punto de vista” va en favor de los niños del país. “Los niños muchas veces se pierden en la drogas, y el consumo los hace perder el 10% de capacidad neuronal. Como sociedad, nos tenemos que hacer cargo de esta situación, por lo mismo, el contener, el acompañar a los niños, como pretende esta iniciativa, es muy positivo y por eso no me resto a lo que está haciendo una cantidad importante de alcaldes y de comunas”, expresó. 

ALCALDES DICEN “NO”

Lo decía Walker, los alcaldes de la zona, tal como todos los del país, tienen la facultad de dictar decretos. Mediante aquellos podrían también establecer horarios protegidos para menores. Sin embargo, consultados los ediles tanto de La Serena como de Coquimbo, se mostraron contrarios a medidas de este tipo. 

Roberto Jacob, alcalde de La Serena, sostuvo que no estaba en sus planes fijar ningún tipo de normativa sobre esta materia. “Las comunas que quieran hacerlo, bien por ellas, pero nosotros acá en La Serena no tenemos contemplado quitar libertades a nadie, ni tampoco quitarle la responsabilidad personal que cada padre debe tener con su hijo. Creemos que no nos corresponde porque somos más partidarios de la educación y el diálogo que de las prohibiciones”, puntualizó. 

El edil porteño, Marcelo Pereira también descartó de plano la idea. “Me declaro abiertamente opositor a esta medida. El sólo proponerla nos trae a la memoria, oscuros momentos de la historia del país, vividos durante la dictadura”, enfatizó. 

Pereira manifestó que, para él, era mejor apelar a las libertades individuales y a las confianzas entre padres e hijos. “Creo que son los padres, y no el Estado los que tienen que hacerse responsables de la crianza de sus hijos. En mi calidad de alcalde, apuesto a entregar espacios públicos para el desarrollo de nuestros jóvenes, y la aplicación de diversos mecanismos para contribuir a ello, poniendo siempre como eje a la familia”, expresó. 

¿NORMA INCONSTITUCIONAL? 

Pero, si la medida es inconstitucional, ¿cómo la podrán aplicar los municipios que la instauraron mediante el decreto? Según explica el Abogado de la Universidad Católica del Norte, Carlos Galleguillos, los gobiernos comunales “pueden decretar lo que quieran”, pero una vez que esto se intenta poner en práctica es cuando se develaría la “ilegalidad”, en este caso en particular, para el abogado, porque no se enmarca dentro de la constitución. “Si una persona responsable del menor es multada, por ejemplo, porque el niño anda en la calle en un horario  puede acudir a la justicia, porque la medida es transgresora de los derechos de las personas, y de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la constitución, que está por sobre cualquier ley, así que no veo viable que esto prospere”, sostuvo el abogado. 

LA MIRADA EXPERTA

Pero más allá de leyes y decretos, ¿cuál sería el impacto real de esta medida para los menores? La psicóloga infanto-juvenil Edilia Bravo, está convencida que la iniciativa está hecha con un enfoque sesgado, ya que sólo apunta a un tipo de niño y adolescente, “que en el fondo es el más privilegiado” ya que “viviría en una casa, con sus padres, tendría dónde llegar y quien se hiciera responsable de ellos”, pero esa no sería la realidad de todos. “Estamos tomando una medida restrictiva estandarizada, pero, por ejemplo no sabemos si esa normativa va a incidir en el consumo de alcohol y drogas, que es algo que se ha dicho, porque los niños que tienen este problema pueden estar perfectamente en casas de consumo, y no en la calle. Entonces, se piensa en el menor que tiene una familia, pero, se sigue dejando de lado al que no tiene esa suerte”, precisa Bravo. 4601iR

 

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