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La misiva buscaba despejar dudas respecto del financiamiento de la vivienda destinada para ser habitada por la jefa regional. Los consejeros regionales, en tanto, no hicieron mayores reparos y retiraron la petición del detalle financiero, apuntando a evitar nuevas polémicas dentro del cuerpo colegiado.

El Consejo Regional de Coquimbo tenía diversas materias que tratar la jornada de ayer, pero había expectación además por algunas polémicas que se han suscitado en las últimas semanas, y que han salpicado a la gobernadora regional, Krist Naranjo, y al pleno.

Esto, fundamentalmente por tres materias: la situación en torno a la casa fiscal en la que se instalaría la jefa regional, la polémica por la “falta de stock” de patrullas policiales, el avance de proyectos para la zona y la forma de encarar dichas temáticas en los medios de comunicación.

Ya iniciada la sesión, Naranjo abordó a los pocos minutos lo relativo a la vivienda fiscal y las reparaciones a las que está siendo sometida, cuyo costo asciende a los $24.573.500 pesos, IVA incluido, para los trabajos en el inmueble situado en pasaje Victoriano Martínez, en La Serena.

En ese contexto, la autoridad subrayó que “generamos un oficio -con fecha 9 de noviembre- que enviamos a todos los cores. De todas maneras, ante cualquier otra inquietud, pueden solicitar más antecedentes a la Unidad de Control Interno”.

La misiva destaca que “la región cuenta con 65 casas fiscales en todo el territorio a nombre del Gobierno Regional de Coquimbo (...) actualmente disponemos de sólo cinco viviendas desocupadas y en proceso de habilitación para ser asignadas”.

En otro punto, el oficio indica que “estas viviendas están disponibles para funcionarios públicos que no tengan su domicilio en el lugar donde deben cumplir sus funciones”, destacando que la gobernadora vive en Monte Patria.

En el documento se agregó que “se esperaba que se desocupara la vivienda contigua (...), la cual también pertenece al Gobierno Regional de Coquimbo, que estaba asignada a Milthon Duarte, exjefe Diplade durante la gestión de Pablo Herman, y que no fue posible recuperar, pese a que el aludido ya no era funcionario público”.

De todas formas, el delegado presidencial, Ignacio Pinto, ya había respondido a Krist Naranjo por esta problemática el 4 de octubre, cuando le solicitó el desalojo del funcionario. La contestación acota que “teniendo en cuenta este último antecedente, el principio de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos fiscales (...) sumado a la probable defensa en tribunales que pueda presentar el ocupante, esta parte considera prudente esperar a que el Señor Duarte abandone pacíficamente el inmueble en el mes de diciembre de 2021. Como antecedente adicional, informo que personal de esta Delegación ha sostenido conversaciones con el ocupante, quien reitera su intención de abandonar el inmueble pacíficamente”.

Avanzada la sesión de ayer, el presidente de la Comisión de Régimen Interno, Jaime Herrera, subrayó que “se solicitó un informe a la División de Administración y Finanzas, pero debido al oficio entregado por la propia gobernadora, esa solicitud debería quedar sin efecto”, lo que posteriormente fue ratificado por el resto de los consejeros, aunque hubo algunas acotaciones posteriores.

 

 Reacciones

El consejero Juan Carlos Codoceo señaló que “es lamentable que los medios se sorprendan por esto de las casas fiscales, siempre ha operado así”.

Por su parte, Ángela Rojas también consultó por lo que debería ser la “etapa 2”, y la gobernadora insistió que “se pueden solicitar más antecedentes a la Unidad de Control”.

En tanto, el consejero Javier Vega preguntó por la situación de la vivienda contigua habitada por Milthon Duarte, siendo que ya no está contratado por el Gobierno Regional. En ese contexto, la gobernadora le ratificó la situación, además de indicar que adjuntó para los cores el documento donde se solicitan detalles sobre esto al delegado presidencial.

El consejero Cristián Carriel agregó que “es importante saber cuáles son las casas fiscales existentes y cómo se utilizan”, a lo que la autoridad volvió a recordar el oficio que le envió al cuerpo colegiado.

Por otro lado, el consejero Cristian Rondanelli preguntó por la empresa que está realizando las obras en la casa donde la gobernadora se instalaría a posterior, a lo que Krist Naranjo señaló que “existen tres empresas que tienen convenio con el Gobierno Regional”, aduciendo al documento que hizo llegar a los consejeros regionales.

 

Los vehículos policiales

En el Consejo de ayer se analizó la postergación de vehículos policiales para el 2022 por “falta de stock”. Para estos efectos, incluso el jefe de la IV Zona de Carabineros, general Rodrigo Espinoza, intervino en esta instancia, previa invitación de la gobernadora Krist Naranjo. “Los vehículos son fundamentales, agradecemos al Consejo Regional por el proyecto comprometido. Las temporalidades no las establecemos nosotros, pero estamos trabajando mancomunadamente”, señaló el jefe policial. La consejera Paola Cortés acotó que “requerimos informar que esto ha sido preocupación de nosotros, pero hay que transparentar por medio de un comunicado que hay dos empresas extranjeras que se encargan de la fabricación de estos vehículos y sus piezas y la pandemia ha sido una dificultad”. En tanto, la consejera Lidia Zapata dijo que “para comprar vehículos de toda índole tenemos limitaciones y eso hay que decirlo públicamente. También hay responsabilidad del Ministerio del Interior”. 

 

 

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