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Crédito fotografía: 
Lautaro Carmona
En la última sesión del Consejo Regional, se analizó la adquisición de terrenos para el complejo deportivo San Ramón, hecho que está siendo investigado por el Ministerio Público.

Durante la última sesión del Consejo Regional, CORE, que se realizó vía telemática el pasado martes, uno de los temas de largo debate, fue la compra de los terrenos para el hospital de Coquimbo y del complejo deportivo San Ramón, en La Serena, desprendiéndose de cada uno de los argumentos e intervenciones de sus miembros, que votaron literalmente a ciegas la adquisición de los predios, especialmente el de la capital regional, puesto que el Ejecutivo y la exintendenta no les habrían aportado los antecedentes necesarios, ya que la comunicación entre ambos era prácticamente nula.

Eso motivó, que algunos de los intervinientes no solo solicitaran que en el futuro se entreguen documentos completos para aprobar proyectos, sino que también se propicie un lazo de comunicación más estrecho con la nueva autoridad regional (Ver página 04), con el fin de trabajar en conjunto.

También se acordó solicitar al Ejecutivo regional,  informar sobre la programación financiera de los recursos FNDR pendientes de ejecutar del presupuesto 2020 y de las iniciativas de inversión que respaldarían la programación. (Ver página 12)

Es duro señalar que votaron prácticamente a ciegas, pero son los propios colegiados los que han planteado esta situación.

Veamos: La consejera Paola Cortés, de entrada pidió que se busque la forma de tener una comunicación más fluida con el Ejecutivo frente a los proyectos que van aprobando. “Nunca nos enteramos, por lo menos yo,  de que hubiese observaciones frente a estos proyectos emblemáticos que aprobamos”, señaló. Se refiere a los terrenos del hospital de Coquimbo y al predio San Ramón en La Serena.

“Hice todo lo que estuvo a mi alcance para mejorar las relaciones con el Ejecutivo, pero no podía hacer nada más cuando no existe la contraparte que responda de similar manera”, Adriana Peñafiel, presidenta del CORE

La consejera insiste más adelante que “si bien no es obligación del Ejecutivo mantenerme informada, creo que es parte de lo que se requiere de un trabajo en equipo, porque finalmente el Consejo Regional más el Ejecutivo formamos lo que es el Gobierno Regional”.

Es evidente, en el planteamiento de la consejera UDI que hubo cero nexo con el Ejecutivo encabezado por Lucía Pinto, de la misma colectividad. En esta línea, Cortés pone un misil en la mesa y reconoce que si bien los vale vista ya fueron cobrados por parte de los empresarios que vendieron los terrenos, esos recursos no pueden rebajarlos de la ejecución presupuestaria. Lo que en definitiva significa que para el próximo año no les van a asignar el presupuesto que están solicitando. Es decir, un perjuicio para la región.

Pero volvamos a la votación a ciegas, porque la consejera Cortés no fue la única que expuso la falta de antecedentes claros. En el caso de Lidia Zapata, señala que hasta el día de hoy piden documentos y no se los entregan: “Nosotros también le habíamos pedido al Ejecutivo que nos entregara los antecedentes de los terrenos, en qué situación estaban y hasta la fecha no ha llegado nada. Se solicitó al contralor todo ello y él ya respondió, lo que tuvimos en la mano recientemente. Entonces, yo creo que más allá de lo que haya respondido Contraloría, el Gobierno Regional, el Ejecutivo, está en la obligación de responder cada uno de los documentos, solicitudes y oficios que nosotros hemos pedido en este tema”.

Pero eso no es todo, porque el martes por la mañana, los consejeros y consejeras se enteraron de que el año pasado ya se habían destinado dos mil millones de pesos para la compra de los terrenos que hoy ellos mismos cuestionan. ¿Qué significa esto? , que la cifra inicial de 14 mil millones de pesos, que ellos manejaban hasta hace unos días, no sería tal, ya que con este nuevo dato, la inversión aumentó a 16 mil millones de pesos.

Una información que no se esperaban y que sin duda, los golpeó.

Responsabilidad de la presidenta

Ángela Rojas, consejera con experiencia, también ha reparado en el zapato chino en que terminaron imbuidos por aprobar la adquisición de predios con baja información al respecto.

Sin embargo, al referirse al distanciamiento que ha existido entre el CORE y el Ejecutivo, no dejó pasar la ocasión de imputarle responsabilidad a la presidenta del Consejo Regional, Adriana Peñafiel, la que posteriormente respondería con dureza a estos emplazamientos.

Rojas en parte de su intervención se dirigió directamente a Peñafiel: “Le pediría a la presidenta que ojalá no personalicemos tanto el Consejo Regional, sino que actuemos como un cuerpo colegiado”.

16 mil millones de pesos se habrían pagado por los terrenos para el hospital de Coquimbo y para el complejo deportivo San Ramón en La Serena.

Anteriormente, Ángela Rojas, había señalado que “me gustaría que la relación que mantiene el CORE con el nuevo intendente sea lo más fluida posible. Y esto no es responsabilidad solamente  del Ejecutivo, es responsabilidad nuestra que el Consejo Regional sea respetado como cuerpo colegiado que somos”.

Esta consejera también deja entrever la poca información con la que votaron cuando precisa que “ojalá como consejeros podamos tener toda la información de cómo se gestó este proyecto para determinar las responsabilidades”.

Pero quien fue más explícito en las condiciones en que enfrentaron la votación por los terrenos, fue el consejero Javier Vega: “Seguimos los consejeros con los ojos vendados. Nos hemos ido enterando por piezas, por parte  de cada una de las cosas y vamos haciendo conjeturas y, en realidad, debiéramos estar haciendo una investigación de esto, es el rol que tenemos que cumplir como consejeros”.

Planteaba anteriormente la dureza con la que respondió Peñafiel  emplazamientos sobre su responsabilidad en el nulo nexo con el Ejecutivo. Aquí  parte de su respuesta: “Yo lo tengo muy claro y reitero lo que dije en oportunidades anteriores, no son personalismos, son formas de gestión y también dije en su momento que yo no podía obligar a las personas a que acudieran, porque no podía ni tengo las facultades para obligar, eso es un tema de voluntad política y más que eso yo no podría haber hecho nada, aun cuando hice todo lo que estuvo a mi alcance para mejorar las relaciones con el Ejecutivo, pero no podía hacer nada más cuando no existe la contraparte que responda de similar manera y eso  se los quiero decir bien claramente también, porque es bien importante tener presente esa situación y ustedes mismos vivieron situaciones individuales y particularmente respecto de lo que no fue una relación muy fluida y lo quiero dejar bien en claro para que no siga saliendo más ese tema. No fue un tema de voluntad mía, yo estoy acostumbrada a trabajar con todas las personas y de todas las corrientes durante toda mi vida y con mayor razón iba a hacerlo con alguien que era de la misma línea política mía, como no lo iba a hacer, no estoy para esas rivalidades”.

 

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