• Las redes sociales permiten que hoy cualquier persona pueda denostar a la otra. Sin embargo, hay leyes que velan por la honra de las personas.
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Foto: Lautaro Carmona
Desde la PDI indican que estas plataformas, sobre todo Facebook, facilitan la supuesta “credibilidad” de epítetos contra la honra de las personas

Sentó un precedente. Es lo que se conoció públicamente el pasado viernes, cuando la Corte de Apelaciones de La Serena acogió un recurso de protección  y ordenó a dos usuarias de la red social Facebook eliminar las publicaciones contra una mujer, por considerar que atentan contra la honra de las personas.

Cabe recordar que la Segunda Sala del Tribunal de Alzada, en forma unánime, acogió la acción cautelar presentada por la víctima, Carolina Valverde Bórquez, contra Gladys Rojas Manterola y Clementina Soldan Carbone, según informaron desde el Poder Judicial, ya que esos juicios personales habrían denostado su prestigio profesional.

Leer también: Corte de La Serena acoge recurso de protección y ordena eliminar comentarios desde cuentas de Facebook

Según se detalló, en las frases consignadas mediante redes sociales, se buscó atribuir a la mujer “el ánimo de quedarse con dinero y especies” y  al tratar a Valverde como una mujer “que sólo quería quedarse con dinero”.

La resolución agregó que "(…) la libertad de expresión además de ser un derecho fundamental de las personas, constituye una exigencia de la sociedad democrática, y cabe consignar que esta garantía no tiene un carácter absoluto y, por cierto, se encuentra limitada por el derecho al buen nombre que le asiste a la afectada por las expresiones deshonrosas que se han vertido en una red social abierta al público".

Valverde, en su labor de Instructora de Surf, se encontraba realizando clases en el balneario de Las Tacas, comuna de Coquimbo, y se dio cuenta que el menor Matías Veloz, hijo de la recurrida doña Gladys Paola Rojas Manterola, practicaba surf, momento en el cual le ofreció apoyo en su carrera como surfista para que pudiera ingresar a las competencias del circuito nacional y de esta forma lograr que obtuviera los mejores resultados en su promisoria carrera.

El documento añadió que desde el origen la madre estuvo al tanto de esas actividades dando su conformidad. Manifiesta que en el mes de mayo de 2015 una empresa auspiciadora se comprometió a favorecer al deportista con bebidas isotónicas y gaseosas, que fueron recibidas por él, además de recursos financieros por un monto de $1.300.000, entregados con posterioridad, utilizándose en los gastos del deportista y rendidos, cuyo saldo se entregó al joven surfista a través de transferencia electrónica.

En espera de que llegaran esos fondos comprometidos y con la consentimiento de su madre, la recurrente hizo pagos, que debían serles reembolsados. Sin perjuicio de lo anterior y a pesar de que el dinero fue invertido en Matías y rendido debidamente, la madre del menor reaccionó de mala manera, argumentando aprovechamientos, estafa y apropiación de los aportes del auspiciador por la recurrente, lo que luego fue denunciado mediante las redes sociales, puntualmente por medio de Facebook.

LAS REDES SOCIALES Y SUS IMPLICANCIAS

El coordinador del Cibercrimen de la Región de Coquimbo, subcomisario Lorenzo Macaya, indicó que lo que primero se realiza en estos casos  es “analizar si detrás de cualquier comentario o aseveración en las redes sociales hay un delito que sea de persecución penal, sobre si es que existe algún tipo de amenaza de muerte, que se pueda tomar como denuncia efectiva y derivar hasta el Ministerio Público".

"En este caso, hubo un recurso de protección que fue acogido por la Corte, en base a la vida personas y la deshonra de las personas, y hay jurisprudencia sobre este tema. Cada caso es distinto, porque muchas veces se generan dimes y diretes para denostar. Esto es un error, porque muchas veces se puede recurrir a los servicios de un abogado, sin caer en las denostaciones sobre todo vía Facebook”, recalcó la autoridad.

Si bien existe la libertad de expresión y es un derecho, Macaya asegura que en el caso de las redes sociales hay que tener en cuenta otra clase de consideraciones. “Por esto, como PDI hemos impulsado una serie de campañas donde buscamos sobre todo enseñar a los más pequeños y educarlos, porque el ciberespacio no tiene fronteras, se pueden usar nombres falsos y creer que así se puede denostar la honra de las personas, sobrepasando lo que las leyes chilenas permiten. El estado de derecho establece que las personas tenemos derecho a nuestra privacidad y a la honra”, agregó.

El subcomisario señaló que los Tribunales pueden obligar a que las personas puedan borrar lo que ellos publicaron, a excepción de los muros que son públicos. “Eso sí, nada asegura que los textos se vayan a eliminar del ciberespacio. Internet no permite arrepentimiento, por lo tanto lo que yo subí o lo que yo puse en mi perfil alguien lo puede haber replicad”, argumentó la autoridad policial.

¿Y qué sucede cuando la situación es al revés, y una denuncia o acusación resulta ser cierta? Macaya insiste en que, de todas maneras, no es el camino recomendable apoyarse en las redes sociales. “Existen los mecanismos legales para denunciar a una personas frente a un determinado delito, acercándose a las policías o mediante el fono Denuncia Seguro, pero nunca a través de las redes sociales. Se usa mucho el término funar, pero creo que muchas veces se excede la libertad de expresión. Pero decir que una persona violó, estafó o robó significa que estoy hablando de un delito, no es menor”, recalcó. 3801i

 

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