• De los 8 concejales de Coquimbo, cuatro manifestaron no estar disponibles para avanzar con la moción de Viveros y Zambra, ya que una acusación contra Marcelo Pereira no mejoraría el panorama en la comuna.
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La medida impulsada por Fernando Viveros (PC) necesita de tres votos, hasta el momento sólo cuenta con el apoyo de Roxana Zambra (Ind), mientras que al menos cuatro miembros del cuerpo colegiado indicaron que no se puede “enjuiciar” al alcalde sin fundamentos y, que de prosperar la iniciativa no ayudaría a solucionar la problemática, muy por el contrario, generaría un “caos” en la ciudadanía.

Preocupación generó en la comuna de Coquimbo el anuncio que hizo la semana pasada el concejal Fernando Viveros (PC) de buscar los votos necesarios para acusar al alcalde Marcelo Pereira (DC) de notable abandono de deberes.

La moción del también candidato por el sillón edilicio coquimbano cuenta con el apoyo de su par Roxana Zambra (Ind), quien ratificó ayer a El Día que seguirá adelante porque “la ausencia de la primera autoridad comunal es cada vez más notoria dentro del municipio como en terreno”.

Si bien nuestro medio intentó conocer la postura de los 8 concejales de la comuna de Coquimbo, al cierre de esta edición tanto Juan Alcayaga (PR) como Hernán Cortés (DC) fueron los únicos que no respondieron los llamados.

No hay nombres claves

Se creía que los oficialistas Guido Hernández (RN) y Mario Burlé (UDI) serían claves para que la solicitud tomara fuerza – ya que se necesitan 3 votos- pero ambos miembros del cuerpo colegiado dijeron que no es el camino para solucionar los problemas que aquejan a la comuna, especialmente lo que tiene que ver con el aumento de la deuda municipal.

“Yo soy abogado y también pienso como tal, sería de una irresponsabilidad absoluta empezar a hacer acusaciones si no hay reales fundamentos. He revisado y hay muchas que han sido rechazadas porque hoy la jurisprudencia está bastante dividida en cuanto al cumplimiento de los requisitos. No es tan fácil llegar y acusar”, comentó Burlé.

"No está bien hacer un festín de esto, no me parece serio aquello, para eso existen otras instancias. Yo no me voy a prestar para un juego político, la gente no quiere eso", Rosetta Paris, concejala DC

En tanto, el concejal de Renovación Nacional confesó que el tema ha sido tratado por los jurídicos del partido y que hasta el momento no están dadas las condiciones pero por sobre eso, destacó que desde el punto de vista político no es la solución.

“Esta situación debe ser resuelta por los ciudadanos y, tenemos la posibilidad de tener próximamente elecciones municipales, donde se puede resolver de manera democrática y no pasar por un proceso jurídico que sólo complicaría el panorama de la comuna”, agregó Hernández.

No al juego político

Quien también le puso paños fríos a la situación fue Rosetta Paris (DC) que abiertamente dijo que recibieron los antecedentes como corresponde y que de haber faltas se deben pronunciar los organismos pertinentes, como la Contraloría General de la República.

“Yo no puedo enjuiciar a personas sin tener antecedentes contundentes. No puedo andar pensando que todo está malo generando un caos en la ciudad, aquí lo único claro que tenemos es que debemos seguir trabajando”, agregó.

“Yo soy abogado y también pienso como tal, sería de una irresponsabilidad absoluta empezar a hacer acusaciones si no hay reales fundamentos", Mario Burlé, concejal UDI

Pero eso no fue todo. Paris –quien inscribió su precandidatura a la alcaldía de Coquimbo encima del plazo, por lo tanto, posible contrincante de Marcelo Pereira en una eventual primaria- apeló al ítem de la condición humana y aseguró que no se puede “suponer” un hecho, privilegiando los interese personales sólo porque se avecinan las elecciones municipales de este año.

“Es fácil enlodar, decir que todo está malo porque se viene un año electoral. No debemos olvidar que nosotros fuimos parte de eso también, yo soy parte del concejo comunal y mi rol es fiscalizar y lo hago en esa instancia. No está bien hacer un festín de esto, no me parece serio aquello, para eso existen otras instancias. Yo no me voy a prestar para un juego político, la gente no quiere eso. Será la misma gente que evalúe quién hizo mal la pega”, arremetió.

El demócrata cristiano, Alejandro Campusano –quien también inscribió precandidatura por el sillón edilicio-  dijo que es momento de subirle el nivel a la discusión ya que “esto no es bueno para la comunidad”.

“Me ha tocado presidir concejos y los he hecho en más de un 50%, por mi parte he tratado de darle seriedad y evitar los conflictos internos porque eso da una mala imagen para la gente”, aseveró.

Campusano tiene claro que cualquier movimiento que haga podría ser considerado como un “provecho político”, por lo que confesó que revisará todos los antecedentes de manera seria y responsable.

“Me sumé como precandidato a alcalde y no quiero que se vea como una estrategia política. Nosotros como concejales debemos velar para que se usen bien los recursos y en esa línea estamos trabajando”, cerró.

Oportunidad para enmendar el rumbo

Según la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades se requiere por lo menos 1/3 de los concejales en ejercicio para impulsar la acusación, en el caso de la comuna puerto son 8 concejales más el alcalde por lo que se requiere de tres votos para hacer efectiva la solicitud.

De esos ocho, 3 son demócratas cristianos; 1 independiente, misma cifra para el Partido Comunista, Partido Radical, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente. Los dos representantes de la coalición Chile Vamos descartaron ser parte de la moción de Viveros, sin embargo, dejaron claro que el jefe comunal debe enmendar el rumbo.

“Lo he dicho en los concejos y también lo he conversado con el alcalde, es indudable que debe enmendar el rumbo para solucionar los problemas financieros de la municipalidad que evidentemente se han agravado por los acontecimientos sociales. Hay  que tener mucho cuidado con estas acusaciones sobre todo si no tenemos fundamentos claros, categóricos y contundentes”, manifestó Mario Burlé.

Guido Hernández también comentó que ha dialogado con Pereira y que sus diferencias políticas son evidentes pero que estas no son suficientes para acompañar un proceso de estas características y que es momento de demostrar que los políticos “se pueden poner de acuerdo” y, que esto no tiene nada que ver con partidos políticos sino con el futuro de Coquimbo.

“Las ausencias del alcalde son evidentes y han generado ruido en la comunidad y, en lo personal se lo he y también todos aquellos que le tenemos aprecio y estima y nos preocupamos de esta situación. Le hemos dicho que si en su fuero interno considera que está física y emocionalmente disponible para seguir en el cargo nosotros los concejales nos ponemos a disposición para mejorar los problemas de gestión. Y aquellos que tengan justas intenciones de competir en las próximas elecciones por el sillón edilicio tienen que partir sobre la base de respetar esos procesos republicanos”, concluyó.

Objetivo de la acusación

El académico de la Universidad Pedro de Valdivia y Universidad Central, Rodrigo Paredes, explicó que es el Tribunal Electoral regional –a requerimiento de 1/3 de los concejales- observando el procedimiento y requisitos establecidos en la Ley Nº 18.593 -Ley de los Tribunales Electorales Regionales- pudiendo pedir el cese, o en subsidio, la aplicación de alguna de las medidas disciplinaria.

“El concepto de notable abandono de sus deberes, aplicado a un alcalde consistirá́ en “la dejación del cargo de alcalde de un modo no común, que se hace notar”, con lo cual se estaría infringiendo una de las esenciales obligaciones contempladas en el artículo 58 de la Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, la cual es “desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio de las normas sobre delegaciones”.

Cabe destacar que si un alcalde es removido este estará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el término de cinco años.

 

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