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Desde los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Antofagasta manifestaron su rechazo y preocupación por los diferentes eventos de detención, deportación y hostigamiento que ha sufrido la población migrante del Norte Grande por parte de la Administración del Estado.

El ministro de Interior, Rodrigo Delgado, defendió la expulsión de inmigrantes realizada este domingo, señalando que se trata de personas que están relacionadas a delitos como tráfico de menores, de droga y robo con violencia.

Así, afirmó que “no estamos hablando de presunciones, hay cerca de una veintena de esas personas que están condenadas y van a conmutar sus penas con la expulsión. Son personas que estuvieron ligadas al tráfico de menores (…) O sea, si alguien me puede decir si hay algún delito más complejo que ese, creo que pudiese estar dentro de los delitos que uno podría catalogar como más complejo”.

La autoridad manifestó que entre los deportados hay un grupo que presenta condena por tráfico de droga, también personas con cargos por robo con violencia. “Estamos hablando de personas que van a conmutar sus penas y fueron condenadas en Chile”, declaró.

El ministro también detalló que entre los expulsado existen personas que están por haber ingresado al país de forma clandestina.

Obispos rechazan actuar del Gobierno

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Antofagasta manifestaron su rechazo y preocupación por los diferentes eventos de detención, deportación y hostigamiento que ha sufrido la población migrante del Norte Grande por parte de la Administración del Estado.

A través de un comunicado los obispos señalaron que desde febrero del presente año “hemos observado con mucho pesar las situaciones de detención y deportación que han sufrido personas migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana. Con especial alarma hemos escuchado el anuncio del Gobierno que se llevarán a cabo 15 vuelos de deportación durante el 2021, el primero de los cuales tristemente se materializó el día 25 de abril del presente en la ciudad de Iquique”.

Así, indicaron que “hemos tomado conocimiento que los actuales procesos de detención y deportación han adolecido de importantes vicios de legalidad”.

“Como Obispos de la Iglesia Católica en el Norte Grande pedimos el respeto al imperio de la Ley que debe regir todas las actuaciones de los organismos del Estado, más aún, cuando se trata de medidas que afectan la libertad ambulatoria de las personas que habitan el territorio nacional”, dice la misiva.

Además, afirman que el actuar ajustado a derecho no es una opción en un Estado democrático, independiente de si los involucrados son extranjero.

En tanto, son enfáticos en señalar que las deportaciones se están realizando dentro del plazo que la nueva Ley de Migración y Extranjería establece para que las personas migrantes que hayan cometido ingreso clandestino salgan voluntariamente del país.

“Deportar a las personas en este escenario es convertir el contenido del artículo 8° transitorio en letra muerta. Más aun cuando las fronteras terrestres del país se encuentran cerradas y las condiciones para salir de Chile a otros destinos siguen siendo sumamente difíciles y costosas a causa de la pandemia”, afirman.

La declaración fue firmada por los obispos Ignacio Ducasse Medina, Arzobispo de Antofagasta; Moisés Atisha Contreras, Obispo de San Marcos de Arica; Guillermo Vera Soto, Obispo de Iquique y Óscar Blanco Martínez, Obispo de San Juan Bautista de Calama.

 

 

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