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EFE
De las 588 querellas presentadas por el INDH, 476 corresponden a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado, cuya mayoría -433- apuntan a miembros del cuerpo de Carabineros.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aseguró este lunes que Chile vive "las más graves y múltiples" violaciones a los derechos humanos desde 1989, año en que se inició el retorno a la democracia y el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

"A las manifestaciones pacíficas y multitudinarias se sumaron hechos de violencia que generaron una respuesta estatal que produjo, en su conjunto, las más graves y múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas desde 1989", afirmó el director del INDH, Sergio Micco, durante la presentación del Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile en 2019.

El documento publicado por la institución, un ente estatal pero independiente, recoge las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre.

De las 588 querellas presentadas por el INDH, 476 corresponden a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado, cuya mayoría -433- apuntan a miembros del cuerpo de Carabineros.

Micco comparó esta cifra con la cantidad de querellas presentadas contra Carabineros por torturas en los nueve años de historia del INDH previos al estallido social, que fueron 174.

Por otro lado, informó que también se establecieron acciones judiciales por torturas, apremios y vejaciones con connotación sexual en favor de 135 personas, 114 de las cuales denunciaron desnudamientos.

Acusación a la policía

Según el director del ente, la crisis social "dejó en dramática evidencia" una situación que el INDH señalaba desde su fundación: el "rezago y debilidad de Carabineros de Chile para garantizar que el cumplimiento de sus funciones sea con pleno respeto a los derechos humanos".

En esta línea, el informe anual difundido este lunes constata que la Policía fue responsable de "un uso indiscriminado de escopetas antimotines, desnudamientos en unidades policiales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos".

Respecto a los fallecidos, el director del ente informó que se presentaron seis querellas por homicidio consumado, cinco de las cuales ocurrieron durante el estado de emergencia decretado por el presidente Sebastián Piñera.

En paralelo, el INDH se querelló en favor de 20 víctimas por homicidio frustrado.

"Indebida autonomía" de Carabineros

La "falta de control sobre los medios disuasivos que utiliza Carabineros", según relata el informe, se debe entre otras causas a una "indebida autonomía exhibida desde el inicio de la democracia por parte de dicha institución respecto de la autoridad civil".

Por ello, el director del INDH recomendó "fortalecer el principio de subordinación" de las fuerzas del Estado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual "debe concentrar la decisión política en materias de orden público".

"Las violaciones siguen"

Preguntado por la tendencia a la baja de las denuncias por vulneraciones a los derechos humanos tras nueve semanas de protestas, Micco lamentó que estos actos "siguen ocurriendo" pese a "las medidas tomadas y a los llamados al cumplimiento de los protocolos policiales".

"Se prohibió el uso de perdigones mientras no se haga un estudio de su composición, sin embargo los heridos después del anuncio han sido 38", señaló Micco, quien también destacó los lesionados presuntamente por bombas lacrimógenas lanzadas por agentes del Estado.

Recomendaciones

El director del INDH exigió que el uso de las escopetas antidisturbios y de agentes químicos "se apegue a los protocolos pertinentes" y al respeto de los derechos humanos.

"Carabineros de Chile debe ser instruido respecto a que las detenciones se ajusten a la legalidad vigente y que las personas detenidas sean tratadas dignamente", sostuvo Micco.

Asimismo, el informe del ente sugiere que se adopten "medidas concretas para la reparación de las personas cuyos derechos han sido vulnerados", como un acceso prioritario y especializado a la salud física y mental.

"El Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad de circulación, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana", concluyó Micco.

 

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