Crédito fotografía: 
Corte Suprema
A través de un auto acordado, la Corte Suprema decidió exigir a todos quienes asistan de forma presencial a dependencias judiciales. Aun cuando puede existir polémica debido a que limitaría el acceso a la justicia, se ha defendido la medida por privilegiar la salud y el bien común en un escenario complejo por el alza de contagios.

Evitar el riesgo de contagios de Covid-19 en uno de los momentos más complejos de la pandemia, es el objetivo del protocolo sanitario presentado esta semana por la Corte Suprema, que establece entre sus aspectos más controvertidos la obligatoriedad de presentar el Pase de Movilidad para todos quienes ingresen a dependencias del Poder Judicial a lo largo del país.

De acuerdo con el auto acordado presentado el miércoles 2 de febrero, despachado a fiscales, jueces y defensores, se exigirá contar con el Pase de Movilidad vigente a todas las personas que concurran a recintos judiciales para participar en audiencias, así como a todos quienes realicen funciones en las diversas dependencias de tribunales y unidades del Poder Judicial a lo largo del país.

Según consignan medios de comunicación nacionales, el texto autoacordado, que fue aprobado por 14 de los 15 integrantes del máximo tribunal del país -con voto en contra de Gloria Ana Chevesich- ha generado controversia al interior del Poder Judicial.

Lo anterior, pues existen dudas respecto de lo que sucedería, por ejemplo, si un imputado, una víctima o un testigo participante de un juicio no cuenta con su esquema de vacunación al día y consecuencia de ello, no puede asistir presencialmente a la instancia. Por otra parte, existen reparos respecto a que la Constitución señala y garantiza el acceso igualitario a la justicia y la exigencia del pase se puede considerar como una limitación para quienes no tienen su esquema de vacunación completo o no se han inmunizado. 

Sin embargo, la medida ya ha sido defendida, debido a que busca privilegiar la salud. Es el caso del presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, quien señaló a Radio Biobio que este acuerdo y esta exigencia no limita el acceso a la justicia considerando que, por ejemplo, desde el inicio de la pandemia se han habilitado las audiencias telemáticas.

“Es una medida proporcional que privilegia la salud por sobre otras libertades y que en ningún caso limita la posibilidad de acceso a la justicia por cuanto se mantiene incólume la posibilidad de asistir por videoconferencia”, señaló Uribe.

Privilegiar el bien común



El Día, consultó a la Corte de Apelaciones de La Serena para conocer más detalles de este nuevo protocolo, tales como a quiénes está dirigido -usuarios externos y funcionarios- y la fecha en que se comenzará a solicitar el pase, sin embargo no se obtuvo respuesta, aunque se comprometió un pronunciamiento formal durante la próxima semana.

Quien sí se refirió al tema fue el abogado y director de Defensores del Norte, Carlo Silva, quien señala que si bien no se ha informado oficialmente como usuario del sistema, cualquier ley o regla interna busca el bien común.

“Es verdad que uno tiene libertad de decidir si se vacuna o no y son individualidades que se deben respetar. Pero cuando esto choca o se pugna con el bien común y, en este caso, los funcionarios de un sistema que tiene que seguir funcionando, a mí me parece que está bien. Además hace bastante tiempo estamos trabajando principalmente con los sistemas informáticos y podemos seguir usando la plataforma digital y ser usuarios virtuales, para proteger la salud y el bien común”, añade Silva.

Por su parte, el fiscal regional Adrián Vega indicó que no se puede referir al tema, mientras no tenga un pronunciamiento oficial.

 

 

Suscríbete a El Día y recibe a diario la información más importante

* campos requeridos

 

 

Contenido relacionado

- {{similar.created}}

No hay contenido relacionado

Cargando ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario El Día

 

 

 

X