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Edison Gallardo fue parte del sistema de protección y justicia desde los dos hasta los quince años. Vivió las falencias desde adentro, y sufrió por ellas. En esa línea, cree que el caso de Melissa Chávez (12), quien falleció, de acuerdo a la investigación de Fiscalía, a manos de su propia madre, dejó en evidencia “algo habitual” en los distintos programas de organismos colaboradores, financiados por el Estado que, dice Gallardo, operan en base a números y metas, “sin poner a los niños ante todo”.

Edison Gallardo es uno de los que ha visto de cerca las fallas del sistema de Protección y Justicia. En su libro, Mi Infierno en el Sename relata todo lo que tuvo que vivir, siendo un niño institucionalizado y sufriendo de los abusos al interior de entidades que, se suponía debían cuidar de él. En conversación con El Día, analiza el contexto en el que nos encontramos como país, en medio de la conmoción nacional que ha generado el caso de Tomás Bravo, en el Bío Bío, pero sobre todo en uno de los delitos que, en su etapa previa, por las vulneraciones que se vivieron, y la posibilidad que tuvieron los organismos de hacer algo más, le ha tocado muy fuertemente. Se trata de lo ocurrido con Melissa Chávez, la pequeña de 12 años quien, según la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, fue brutalmente asesinada por su madre Mirta Ardiles, siendo que años antes, a la mujer se le había quitado el cuidado personal, pero inexpiablemente se le devolvió. “Lo ocurrido en este caso, te demuestra lo mal que estamos. El sistema en sí mismo es un sistema vulnerador, hay falencias e inoperancias que no se pueden explicar. La falta de prolijidad con la que se trata al niño vulnerado y la poca empatía es algo con lo que tuve que lidiar yo, con lo que tuvo que lidiar Melissa, y con lo que han tenido que lidiar miles de niños”, expresó.

Programas “que no sirven”

Gallardo, quien ha participado en distintas comisiones desde la organización civil para modificar la ley, pone el acento en la cantidad de “programas colaboradores” que existen en la red, y que reciben aportes del Estado, pero que, según afirma, no realizarían un buen trabajo. “Imagínate, tenemos más de 1600 programas ambulatorios, que hasta el día de hoy no han tenido prueba empírica de que funcionan. Estos programas son los que se alimentan de recursos de todos los chilenos, y lo paradójico es que ellos hacen la sentencia y a la vez ofrecen el programa. Entonces, qué es lo que se busca, que entren personas, sacarlas y mostrar resultados positivos para posteriormente ser bien evaluados y volver a ganarse el subsidio. Ahí tenemos un gran flanco abierto”, expresó Gallardo, quien es de los que piensa que “estos programas con subsidios deberían terminarse, e implementar una política de Estado permanente”.

Sistema vulnerable

Como conocedor del sistema desde adentro, Gallardo no se sorprende sobre cómo eventualmente Mirta Ardiles pudo engañar al sistema, ya que, simplemente, dice, “no existe una preocupación real. Todo lo que hacen estos programas está basado en números. A mí, de acuerdo a la experiencia que me tocó vivir, me hace sentido completamente que la mujer haya mentido y que nadie haya reparado en ello, porque todos estos programas están diseñados en base a metodologías que buscan cumplir metas. Todo está hecho, direccionado para hacer calzar números, entonces, qué es lo que pasa, que terminas sólo llenando fichas, formularios, y el usuario, el niño termina siendo un número más. Así es como lo veo”, precisó.

Y claro, todo lo anterior redunda en que posteriormente no haya existido un seguimiento a Melissa, para conocer si efectivamente no corría riesgo, el mismo riesgo que en su momento se detectó y por el cual se le quitó el cuidado a la madre. “Yo sé que hay un ideal también en que se busca que la niña vuelva con la madre, pero hay ocasiones en que hay que desvincular. Aquí Melissa estaba viviendo con una tía, y estaba bien, uno se pregunta por qué no permaneció ahí, y la respuesta es simple. El sistema no busca, el sistema no registra y las reformas que se están haciendo son sólo un cambio de nombre”, finalizó.

Una investigación que continúa

Cabe señalar que la investigación en el caso de Melissa Chávez continúa. El pasado viernes 26 de febrero se cumplieron tres meses desde el asesinato en el que hasta ahora, la única formalizada en calidad de autora por los delitos de parricidio e incendio es la madre de la menor, Mirta Ardiles, quien se encuentra en prisión preventiva desde el cuatro de febrero, un día después de su detención. De acuerdo a informaciones recabadas por este medio, su actitud en la cárcel ha sido “escalofriante”, o al menos así la describen quienes están a su cuidado, ya que no habría mostrado ningún tipo de “arrepentimiento” y se le ha visto bastante risueña con su compañera, una mujer que está a la espera de ser trasladada a un centro psiquiátrico en la Región de Valparaíso. El resto del tiempo, Ardiles duerme. Sólo habría recibido una visita presencial cuando una de sus hermanas concurrió al recinto penal de Huachalalume el jueves 25.

Todavía faltan más de cinco meses para que se cumpla el plazo de la investigación, y lo que se ha conocido hasta ahora tiene que ver más con el pasado de Melissa, el presunto abuso sexual del que habría sido víctima, que la llevó a pasar por un sistema de protección que no logró protegerla, la misma red que también le falló a Edison Gallardo.

 

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