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El Día
En abril del próximo año la ciudadanía podrá decidir si desea o no una nueva Carta Magna, si se aprueba, se comenzará a elaborar un nuevo texto jurídico desde cero ya sea por una Convención Mixta Constitucional o una Convención Constitucional. La primera será integrada por la ciudadanía y parlamentarios, mientras que la última estará compuesta en un 100% por ciudadanos elegidos para ese rol.

La madrugada del viernes será considerada como histórica. Tras 28 días desde el estallido social y luego de una intensa jornada de negociaciones en la sede del Congreso en Santiago, el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), anunció el acuerdo pactado entre el oficialismo y la oposición para la creación de una nueva carta fundamental. 

La firma del “Acuerdo por la paz y por una nueva Constitución” -alcanzado por un total de 11 partidos políticos, exceptuando al PC y a la Federación Regionalista Verde Social- determinó que el Gobierno convocará con el Congreso Nacional a un plebiscito el próximo año. 

¿Cuál es el primer paso?

Primero, mediante un plebiscito de entrada que se realizará en abril de 2020, la ciudadanía podrá votar –si así lo quiere, porque será voluntario- si desea o no una nueva Constitución. Esta consulta tendrá dos preguntas: (1) ¿Quiere usted una nueva Constitución? (2) ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?

En la primera pregunta las opciones que se podrán escoger serán Apruebo o Rechazo. Si se aprueba, el proceso constituyente comenzará a elaborar la Carta Fundamental desde 0 (a esto se refiere la expresión “hoja en blanco”), puesto que no se ocupará la Constitución de 1980 como referencia para la creación de la nueva Carta Magna.

Aunque se vote Rechazo se debe responder de igual forma la segunda pregunta del sufragio.

Respecto a esta, existirán dos opciones: Si la nueva Carta Fundamental la debe redactar una Convención Mixta Constitucional o una Convención Constitucional. La “hoja en blanco” regirá para ambas opciones. 

Diferencias de los mecanismos

La cientista política y magíster en sociología, Pamela Poo, explicó que la diferencia radica en la composición del órgano. De esta forma, una Convención Constitucional se refiere a uno compuesto en un 100% por ciudadanos elegidos para ese rol, mientras que una Convención Mixta Constitucional estará compuesta en un 50% por parlamentarios y un 50% por ciudadanos elegidos para esa labor. 

Poo dijo que la Convención Constitucional en el “fondo es una asamblea constituyente” y, que los políticos fueron inteligentes en desacoplar el nombre, ya que en general sólo se destacan casos negativos pese a la existencia de experiencias positivas, “hay que empezar a desmitificar el concepto”. 

¿Cómo se elegirán los integrantes?

Los integrantes de ambos órganos serán elegidos en octubre del 2020 junto a las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que se rige en las elecciones de diputados.

La cientista política y columnista, Javiera Arce, definió el sistema electoral actual, para escoger la Cámara de Diputados, como un instrumento que permite convertir los votos en escaños, el que también decide quiénes entran o no al juego político, por medio de umbrales mínimos de votación. 

“El actual sistema electoral es el proporcional moderado. El país se distribuye en 28 distritos electorales plurinominales cuya magnitud (gente que se escoge) va entre 3 a 8 diputados. Para determinar las personas electas se ocupa el método D’Hondt”, agregó.  Llegando así a un total de 155 diputados y diputadas. 

La columnista detalló que se debe dividir la votación por el total de escaños a disputar por distrito, por lo que va a importar tanto la votación del total de la lista, así como también la votación  personal de cada candidato o candidata. 

“Las listas deben conformarse en equilibrio de género: esto quiere decir que ninguna lista nacional por partido debe superar una presencia de un 60% de un solo sexo, de lo contrario se cae”, comentó. 

En el caso de los parlamentarios en ejercicio podrán postular para integrar la Convención, con el requisito que deben cesar en el cargo para competir, además, todos los constituyentes estarán sujetos a la inhabilidad de postular a cargos públicos luego que termine su labor. 

El plazo de funcionamiento del órgano constituyente elegido será de 9 meses, prorrogable una sola vez por otros tres meses. En este período deberán redactar una nueva Constitución para el país.

Consignar que esta instancia tendrá como único objetivo redactar la nueva Carta Magna y se disolverá una vez cumplida la tarea. 

Quórum, el punto polémico

Según se estipula en el pacto firmado, el quórum de funcionamiento para la toma de acuerdos al interior del órgano constituyente será de dos tercios de quienes integren aquella instancia escogida para la redacción. 

Este tema fue uno de los puntos polémicos en la discusión, que incluso marcó la distancia del Partido Comunista de las conversaciones quienes catalogaron el ítem como “letra chica”. 

Pamela Poo expresó que efectivamente es un quórum alto y que se podría ver como una desventaja, pero aclaró que si se logra los dos tercios le daría mayor estabilidad al nuevo texto jurídico. 

Por su parte, el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, Luis Moncayo, dijo que hasta el momento no se ve ninguna letra chica y que es irresponsable hablar de ella, ya que es fácil instalar mitos. 

“La gran mayoría de los chilenos sabe las opciones que se van a presentar para el próximo mes de abril. Además, la experiencia comparada de todas las Constituciones políticas de países desarrollados dicen que es muy importante que las nuevas Cartas Magnas tengan un grado de legitimidad significativo. No se puede cambiar la Constitución cada dos años”, añadió. 

¿Y después de la redacción de la nueva constitución?

Una vez que el órgano constituyente redacte el texto será visado por medio de un plebiscito ratificatorio, el cual se llevará a cabo con voto obligatorio de la ciudadanía.

Esta votación se realizará 60 días después de entregada la propuesta de la nueva Constitución, sin embargo, el acuerdo establece que “en ningún caso” este podrá realizarse 60 días antes ni después de una votación popular”.

El hecho histórico

Moncayo celebró el acuerdo de la clase política, ya que desde su punto de vista la única salida viable a la crisis era una “respuesta política”. 

“El acuerdo que se suscribió el viernes es un hito histórico porque la experiencia empírica dice que ninguna Constitución de Chile, desde que es independiente, ha sido elaborada con una participación directa de la ciudadanía, es un hito y nadie lo puede desconocer”, indicó. 

Pese a ello, el director del IPP de la UCN, dijo ahí no termina todo y que ahora se pasa a una fase donde es relevante informarse adecuadamente sobre los alcances del plebiscito. 

“Ojo que de aquí a abril la ciudadanía debe informarse, para que todos vayamos a pronunciarnos adecuadamente y así el resultado que salga legitime el curso de acción”, concluyó. 

 

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